Un grupo de víctimas de avasallamiento protestó este miércoles en puertas de la Fiscalía Departamental de La Paz para exigir la imputación formal de los presuntos responsables del despojo de 32.816 metros cuadrados en la zona de Milluni Bajo, Distrito 13 del municipio de El Alto. Denuncian que el denominado “Clan Villca” habría vendido 89 lotes con documentación falsa, afectando gravemente su derecho propietario.

Los afectados acusan a la fiscal contra Delitos Patrimoniales, Paulina Fernández Patzi, de dilatar el proceso, cuyo plazo para presentar imputación formal venció el pasado 25 de junio. Entre los denunciados figuran Blanca Villca Quispe, Víctor Hugo Hjalmar Ramos, Santiago Ticonipa Quispe, Seit Israel Montes Alberto, Brayan Montes Alberto, Jaime Paredes Capquiqui y Meliza Estefany Ticonipa Maquera.

La abogada Claudia Ruiz, representante legal de la principal víctima, afirmó que las pruebas y elementos de convicción ya fueron presentados desde el inicio del caso en enero de 2025, pero alertó sobre una posible obstaculización del proceso judicial.

Ruiz explicó que la propiedad originalmente pertenecía a Ignacia Arcani viuda de Vargas, quien falleció en abril de 2022 a los 86 años. Su hijo, Zenón Vargas Arcani, descubrió que las tierras habían sido avasalladas desde 2014, y que durante ese tiempo, uno de los sindicados, Víctor Hugo Hjalmar Ramos, transfirió fraudulentamente los terrenos a Blanca Villca Quispe.

Con esos documentos irregulares, Villca habría registrado 89 lotes en Derechos Reales de El Alto. Según la jurista, la documentación utilizada incluye testimonios de compra-venta, cédulas de identidad falsas, y registros sin respaldo de fraccionamiento ni planimetrías municipales. Un certificado del SEGIP corrobora que la supuesta firmante ya había fallecido y que la firma utilizada no le pertenecía, además de presentar una fotografía diferente.

Las víctimas también exigen al Consejo de la Magistratura Departamental de La Paz abrir un proceso disciplinario contra funcionarios de Derechos Reales presuntamente implicados. Indican que la denuncia presentada en Sucre aún no ha avanzado y que el Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal de El Alto, encargado del control jurisdiccional, emitió una conminatoria el 17 de junio, cuyo plazo también expiró el 25 sin resultados.

“Seguiremos buscando justicia, no nos callarán”, afirmaron los afectados, quienes denuncian haber recibido amenazas por parte del grupo avasallador. Piden al fiscal departamental de La Paz, Carlos Torrez, garantizar el avance del caso y sancionar a quienes obstaculizan un proceso respaldado con evidencia documental que demuestra el delito.