En un nuevo intento por frenar la escalada del dólar paralelo y contener la incertidumbre económica, el presidente Luis Arce anunció la promulgación del Decreto Supremo 5399, que establece la prohibición expresa para que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) realice operaciones con activos virtuales, como las criptomonedas.

La medida, que busca evitar la especulación sobre el tipo de cambio, fue justificada por el propio mandatario al señalar que “rumores infundados” sobre presuntas transacciones en criptomonedas por parte de la estatal energética contribuyeron a la inestabilidad del mercado financiero. Arce aseguró que YPFB no realizó ningún tipo de operación con criptoactivos, pero reconoció que la difusión de estas versiones afectó negativamente la economía.

«Estamos actuando con firmeza para proteger la estabilidad del país», afirmó el presidente durante el anuncio, remarcando que el uso de monedas digitales por parte de entidades públicas no está autorizado y puede ser utilizado para generar desinformación.

Como respuesta inmediata a estas medidas, plataformas financieras como Binance han registrado una ligera caída en el precio del dólar respecto al boliviano en el mercado paralelo, donde la cotización superaba los 17 bolivianos en semanas anteriores. Este retroceso inicial es interpretado por algunos analistas como una señal de mayor confianza ante las recientes decisiones gubernamentales.

El Decreto 5399 se suma a otras iniciativas del Ejecutivo para controlar la presión cambiaria, entre ellas, la inyección de divisas al mercado y la vigilancia reforzada de operaciones financieras sospechosas.