
La medida buscaría presionar al Legislativo para legitimar la continuidad de los magistrados más allá del fin de su mandato constitucional.
Los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) estarían analizando habilitar la candidatura presidencial de Evo Morales si la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no aprueba una ley que valide su permanencia en el cargo y respalde las sentencias emitidas desde el 1 de enero de 2024, fecha en la que vencieron sus mandatos.
Los magistrados, encabezados por Iván Espada (Pando) y Gonzalo Hurtado (Beni), estarían presionando a las fuerzas políticas del Legislativo para que se promulgue una norma que declare constitucional su prórroga y amplíe sus funciones hasta 2028. A cambio, evitarían pronunciarse a favor de Morales, cuya candidatura fue bloqueada por el propio TCP en 2023 a través de la Sentencia 1010/2023.
Según la investigación, mientras se discute esta posible ley en el Parlamento, los magistrados mantienen contactos directos con el equipo jurídico de Evo Morales. La oferta sobre la mesa incluiría inmunidad legal y continuidad en el cargo, a cambio de que emitan un auto constitucional complementario que ordene al Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitar al exmandatario para las elecciones de 2025.
El grupo de magistrados señalados como autoprorrogados está conformado por:
- Gonzalo Hurtado Zamorano (Beni)
- Iván Espada Navia (Pando)
- Isidora Jiménez Castro (Santa Cruz)
- Lorena Gallardo (Cochabamba)
- Julia Elizabeth Cornejo (Tarija)
Este nuevo escenario pone en tensión al sistema político y jurídico boliviano, mientras crece la presión pública y legislativa para que se restituya el orden constitucional y se convoque a nuevos procesos de elección judicial.