La familia de la víctima denuncia irregularidades y clama por justicia: “Ni siquiera sabíamos que ya no estaba en la cárcel”.

El Alto, Bolivia. A plena luz del día y en una de las zonas más transitadas de El Alto, William Walas Guarachi, un joven de 22 años, fue brutalmente asesinado el pasado 22 de febrero mientras intentaba vender una chamarra sobre la pasarela del Arquitecto, en la Ceja. El autor del crimen, Rodrigo Humberto Quispe Vargas, alias “El Abuelo”, lo apuñaló en al menos siete ocasiones, según el informe policial.

Días después del crimen, el 2 de marzo, la Policía presentó públicamente a Quispe Vargas como el principal responsable, luego de encontrar en su posesión tanto la chamarra de la víctima como el arma homicida. El acusado, con un historial delictivo alarmante que incluye más de 10 antecedentes por violación, robo agravado, homicidio y asesinato, fue enviado inicialmente con detención preventiva a la cárcel de Patacamaya.

Sin embargo, en los últimos días, Quispe Vargas fue sorpresivamente liberado del penal. Argumentando una supuesta enfermedad terminal, se le concedió detención domiciliaria. La familia del joven asesinado afirma que no fue notificada de esta decisión ni convocada a la audiencia donde se determinó el cambio de medida.

“Nos enteramos por otras personas, nadie nos dijo nada, ni siquiera sabíamos que ya no estaba en la cárcel”, relató la tía de William. Añadió que el abogado de oficio que les fue asignado, perteneciente al Servicio Plurinacional de Defensa Pública (Sijplu), Roger Ch., nunca les informó del avance del caso y habría abandonado la causa alegando exceso de trabajo.

Los familiares, consternados y sin los recursos para contratar un abogado particular, exigen justicia y la revocatoria de la medida que permitió al presunto asesino continuar su proceso desde casa. “No es justo, cómo pueden liberar a alguien con tantos antecedentes, y encima sin avisarnos. Esto es impunidad”, expresó la tía de la víctima.

El caso ha generado indignación en redes sociales y entre vecinos de El Alto, que piden una revisión urgente de la decisión judicial y una investigación sobre las irregularidades en el proceso.