
El abogado y exdocente de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), Jorge Quiroz, denunció públicamente haber sido víctima de racismo, persecución y vulneración de derechos laborales por parte de autoridades universitarias. Esta denuncia derivó en la detención domiciliaria del secretario académico, Juan Ismael Quispe Alanes, y en el pedido de que el rector Carlos Condori Titirico y el vicerrector Efraín Chambi Vargas sean incluidos en el mismo proceso penal por el delito de racismo.
“El 19 de junio de 2024 fui retirado del Sistema de Control Docente (Sicod) de la UPEA sin mediar proceso administrativo ni judicial. Quien dio la orden fue el señor Quispe, secretario académico”, afirmó Quiroz. Según relató, un día antes había entregado a Quispe sus antecedentes judiciales de Perú, un requisito para continuar ejerciendo como docente. “Parece que no le gustó que los consiguiera tan rápido. Con su puño y letra ordenó que se me dé de baja en todas mis materias”, añadió.
Como resultado de esta decisión, Quiroz no recibió el salario correspondiente al mes de junio. “En la UPEA las planillas de pago se cierran entre el 19 y el 20 de cada mes. Como me dieron de baja en ese momento, no me incluyeron y no me pagaron. Fue una maniobra deliberada”, sostuvo.
Posteriormente, tras conversar con el rector y el vicerrector, fue reincorporado en julio, pero solo con cuatro de las cinco materias que dictaba. Esto, según él, agravó su situación. “Por eso acudí al Ministerio de Trabajo, que ordenó mi reincorporación. La universidad apeló, y yo también, porque desde 2011 recibí más de 50 memorándums, lo que equivale a tener 50 contratos, y eso me da derecho a ser docente titular”, explicó.
Quiroz denunció que los argumentos usados por las autoridades para rechazar su reincorporación fueron “grotescos”. “Se creen reyes chiquitos, dueños de la universidad”, lamentó. Además, indicó que estos hechos han afectado gravemente su salud mental. “He pasado por dos peritajes psicológicos que confirman el daño emocional sufrido. Es una situación muy delicada”, afirmó.
En 2025, al igual que cada año, debía renovar sus requisitos para seguir como docente. Uno de ellos, el formulario 201, que contiene 10 de los 27 requisitos exigidos por la universidad, estaba bajo responsabilidad del secretario académico. “Quispe se las ingenió para impedir que me lo entregaran. Como resultado, fui inhabilitado y ya no soy docente”, denunció.
La situación se intensificó cuando Quiroz decidió iniciar un proceso penal contra Quispe por racismo, convocando como testigos al rector y al vicerrector. A raíz de esto, afirma que comenzaron represalias contra su familia. “El 15 de abril, el rector fue notificado en su domicilio a las 4:14 a.m. y, 13 minutos después, mi pareja —que trabajaba en la Dirección Jurídica de la UPEA— recibió un memorándum que la desplazaba a un área sin relación con su cargo. Ya lleva ocho memorándums de ese tipo”, denunció.
Durante la audiencia de medidas cautelares, Quiroz manifestó que el fiscal no solicitó restricciones contra Quispe. “Solicité medidas como víctima, pero el juez no las concedió. Por eso apelé, y el Tribunal Departamental ordenó detención domiciliaria para el secretario académico”, explicó.
La acusación principal es por racismo. “Todas las acciones del secretario académico, el rector y el vicerrector estuvieron dirigidas a menoscabar mi dignidad como ciudadano naturalizado boliviano de origen peruano. Y no solo la mía, también la de mi pareja y mi familia”, remarcó.
Quiroz busca que el Ministerio Público amplíe la denuncia para incluir al rector y al vicerrector como presuntos cómplices o autores mediatos. “Esto no es solo sobre mí, sino sobre una práctica sistemática”, advirtió.
Finalmente, denunció que otros docentes también fueron afectados por el mismo mecanismo. “Alex Ch., Percy M. y Jofré R. también fueron inhabilitados por no contar con el formulario 201. Es una herramienta de exclusión”, señaló. Apoyado en la Teoría del Dominio del Hecho, Quiroz considera que Quispe es el ejecutor directo, mientras que el rector y el vicerrector serían los responsables detrás de las decisiones.
Vía ANF